Verdades en torno de la niñez vulnerable – Editorial de El Siglo, 14 de julio de 2017

Cualquier análisis serio, lleva a la conclusión en cuanto al Sename, que se trata de una deficiencia estructural de muchas décadas.

Editorial. El Siglo. En más de una década, de acuerdo a un informe oficial, murieron 865 niños y adolescentes que estaban bajo al cuidado del Servicio Nacional de Menores (Sename) en distintas modalidades. Si se contemplan más años hacia atrás, son alrededor de mil 300 los menores fallecidos estando al cuidado del Estado.

También se sabe de maltratos, de condiciones de pobreza y deficientes cuidados de niños, niñas y muchachos. Durante largas décadas estuvieron ausentes políticas públicas centradas en los derechos de la niñez. Los presupuestos fueron bajos, la disposición de profesionales y técnicos bien capacitados fue algo deficitario, las fiscalizaciones fallaron, muchos errores se ocultaron y no hubo una prioridad por la infancia desde la dictadura y sucesivas administraciones. Las normativas internacionales fueron omitidas.

Dramáticos hechos ocurridos en estos años pusieron ante los ojos de la opinión pública las realidades del Sename. Los medios de prensa, como nunca antes, se fijaron en esta realidad. El actual Gobierno se decidió a investigar y entregar información que permite ahora conocer, por ejemplo, las terribles cifras de menores fallecidos y de las condiciones en que desenvuelve el trabajo hacia la infancia vulnerable. La Cámara de Diputados efectuó un dedicado trabajo para investigar y conocer la situación.

Desgraciadamente, en lo que varios legisladores calificaron como un show político, los partidos de derecha quisieron sacar dividendos de esta situación colocando la responsabilidad de todo esto en una ex ministra de Justicia, en un solo periodo gubernamental e intentaron, a partir de los hechos del Sename, realizar una acusación constitucional contra la Presidenta de la República.

Cualquier análisis serio y mirada racional de los antecedentes, lleva a la conclusión de que en cuanto al Sename, pero más en general lo que son o deberían ser las políticas públicas referentes a la infancia -sobre todo las y los niños y adolescentes vulnerables-, se trata de una deficiencia estructural que data de hace muchas décadas.

No se puede omitir que durante la dictadura hubo un proceso de privatización de las actividades del Sename, se bajaron los presupuestos y se dejaron de lado políticas públicas efectivas. Hoy la ciudadanía se indigna, por ejemplo, al ver cómo familias, empresarios, ex funcionarios públicos, reciben millonarias sumas del Estado, al participar en lo que es, realmente, un negocio en torno de los niños y jóvenes vulnerables.

La forma en que operó el Sename responde a un modelo de gestión privatizador y de restricción de la responsabilidad del Estado. Ello es lo que produce condiciones precarias, espacios para el abuso, malas estrategias, deficiencias en el cuidado, junto a la irresponsabilidad de algunas personas que, por lo demás, no eran adecuada y puntualmente fiscalizadas. No se trata de un ministro o un jefe de servicios. Es la falla del sistema.

En medio de esto salió con virulencia Sebastián Piñera, en una clara intencionalidad electoral, sin asumir una postura seria y ponderada, olvidando que durante su mandato también se produjeron muertes de menores. En términos concretos no logró cambiar la legislación ni tomar medidas en cuanto a la infancia, y como lo señaló la vocera de La Moneda, en su administración se dispuso de mil millones de pesos para el sector, y en el actual Gobierno el gasto fijado es de 85 mil millones.

Lo cierto es que los problemas del Sename y la prevención de tragedias en los menores de edad y adolescentes que requieren de apoyo del Estado, no se encaran ni se solucionan con debates políticos circunstanciales y frases mediáticas instaladas para atacar a un Gobierno. Se requiere de medidas precisas y de fondo, de presupuestos adecuados y de profesionalización en estas labores.

Es increíble cómo en estos días se quiso ocultar lo obrado por este Gobierno respecto a la infancia. Primero, esta administración fue la que hizo el análisis e informe estadístico sobre la muerte de personas bajo el cuidado del Sename; ninguno otro se atrevió. Segundo, en este Gobierno se materializaron los proyectos de ley que dejan atrás el Sename para dar paso al Servicio Nacional de Protección Especializada para Niñas y Niños y al Servicio Nacional de Reinserción Social y Juvenil; se tomó la iniciativa para crear la Subsecretaría de la Niñez; las medidas tomadas permitirán asumir la Convención de Derechos del Niño; aumentaron las penas para los abusadores y responsables de maltratos a menores. Como lo enfatizó el Ministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza, “la nueva institucionalidad se edifica no desde la doctrina del niño en situación irregular, sino que el niño como sujeto de derechos”.

En esa línea, un tema de fondo y de contexto, es que Chile debe avanzar hacia un modelo de desarrollo, una política en educación, una redistribución del ingreso, que realmente baje la pobreza y la falta de oportunidades, y termine o disminuya sustancialmente la cantidad de niñas, niños y adolescentes vulnerables.

Lo que hay que comprender, es que la atención a la niñez no depende de una persona, de un funcionario, ni siquiera de un periodo gubernamental. Depende de la existencia de un sistema adecuado, una estructura sólida y políticas públicas financiadas y planificadas. Hacia eso se está avanzando.

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