Consolidar un Estado que responda a las mayorías – Entrevista a Carlos Insunza, Presidente de ANEF – El Siglo

carlosinsunzaanefCarlos Insunza, nuevo presidente de la Anef, abordó en entrevista sus principales objetivos al frente de la organización de trabajadores públicos.

Matías Barraza Barahona. Periodista. Ingeniero civil y presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios de Impuestos Internos (Aneiich) desde hace diez años, Carlos Insunza Rojas ha dedicado gran parte de su vida profesional a la labor sindical. Como parte del directorio nacional de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (Anef), coordina desde el 2013 la Mesa del Sector Público, desde la cual ha liderado las últimas negociaciones por reajustes con diversos gobiernos y ministros de Hacienda.

A mediados de diciembre, en su segunda postulación, fue electo presidente de la Anef, organización de trabajadores del Estado que reúne más de 200 sindicatos en todo el país, cargo que asumió la semana pasada. Sucede a su cara visible por dos décadas, Raúl de la Puente.

En diálogo con El Siglo, Insunza desmenuzó las principales demandas de los funcionarios fiscales, donde señaló que es “particularmente relevante la reducción o el término de los niveles de precariedad de los trabajadores a honorarios y a contrata”. Se refirió a las próximas elecciones nacionales, en las cuales la voluntad de la Agrupación es de “incidir en el debate, en función de exponer no sólo nuestras demandas, sino que también una mirada sobre la necesidad de fortalecer al Estado, para ser un aporte sustantivo en la superación de la desigualdad”.

¿Cómo recibiste los resultados de los comicios? ¿Tu elección implica una renovación para la Anef?

Lo más significativo es que se produce un cambio de conducción, sin duda eso marca una transición en una línea de renovación. En organizaciones de la envergadura de la nuestra esto implica cambios, pero también continuidad respecto de las tareas fundamentales. Estamos orgullosos de que los trabajadores definieran que nosotros conduzcamos en este periodo, es una alta responsabilidad y un gran compromiso.

¿Qué significa tu triunfo como militante del Partido Comunista? ¿Se ratifica una presencia importante en mundo sindical?

Los comunistas siempre hemos tenido como parte central de nuestra visión política el ser parte del movimiento sindical y del movimiento social. Hoy no es la excepción. La victoria de la lista donde confluimos militantes comunistas e independientes de izquierda es una muestra clara de que quienes buscaban instalar discursos de la bancarrota de la representación social del PC, lo hacían más por generar efectos que por evaluar la realidad. Efectivamente, es importante para poner las cosas en su lugar, en el sentido de que el rol de los comunistas en el movimiento social está absolutamente vigente.

¿Cuáles son los objetivos que te planteas en este periodo al frente de la organización?

Como Agrupación, en asambleas nacionales, hemos resuelto una plataforma de acción para este periodo, que se concentra en el pleno cumplimiento del protocolo de acuerdo suscrito con el gobierno de la Presidenta Bachelet el 2015. Se ha avanzado en algunos puntos en los últimos años, pero las materias estructurales, los temas más de fondo siguen pendientes, y nos queda este año para abordarlas y cumplir cabalmente con los compromisos, con medidas que aseguren el trabajo decente en el Estado. Los progresos en distintas instituciones en reestructuraciones de las leyes de planta, que han permitido estabilización del empleo y carrera funcionaria, deben dejar de ser excepciones y convertirse en la norma, para consolidar un Estado que sea capaz de responder a las necesidades y aspiraciones que tienen las mayorías del país respecto de nuestros servicios públicos.

¿Es clave el tema de disminuir la cantidad de funcionarios a honorarios y a contrata en el aparato estatal? ¿Qué otros aspectos contempla ese protocolo?

Particularmente relevante es la reducción o el término de los niveles de precariedad laboral que se expresan por medio de los trabajadores a honorarios, donde también han habido avances, pero el compromiso de la Presidenta en su primera cuenta pública de 2014 fue que al final de su mandato se iba a terminar con el trabajo a honorarios en los casos que cumplían labores regulares y permanentes. Es un enorme desafío, ya que se ha llegado a un 70% de funcionarios del  Estado central en condiciones de honorarios o de contrata, es decir que están o en la precariedad completa o parcial.

También hay temas remuneratorios, como la reducción de los componentes variables de remuneración, ya que eso tiene implicancia en el trabajo concreto de las instituciones y en su capacidad de concentrarse en su labor más que en cumplir metas de gestión no siempre bien enfocadas. Además se acordó la implementación de la ley de equidad salarial del Estado, en la cual se ha avanzado poco, para que Chile sea un ejemplo en el cierre de brechas remuneratorias entre hombres y mujeres por trabajos de igual valor.

Estarás en la presidencia de la Anef en un 2017 marcado por las elecciones presidenciales y parlamentarias de octubre.

La Anef ha expresado su voluntad de incidir en el debate político, en función de exponer no sólo las demandas de los funcionarios públicos, sino que su mirada sobre la necesidad de fortalecer al Estado, para ser un aporte sustantivo en la superación de la desigualdad, rasgo fundamental de Chile durante los últimos 40 años, y que las transformaciones se consoliden, para también proyectar otras reformas que no se han abordado. Lo que se visualiza como central en el proceso electoral es el debate entre las fuerzas democráticas y progresistas que, matices más o menos, buscan la profundización de estas transformaciones; y quienes desde la representación política de los intereses del gran empresariado, de las minorías privilegiadas, apuntan a instalar una dinámica de contrarreforma. Esa es una discusión clave, debemos ser más incisivos y contundentes en los aportes al movimiento social, a la ciudadanía que demanda cambios y reclama democratización. A partir de las organizaciones afiliadas que tenemos en las instituciones hay que exponer lineamientos de políticas públicas que reflejen en concreto estas visiones generales de superar la inequidad, de más democracia y de servicios públicos de calidad.

¿Cómo pretenden incidir en el debate ya instalado acerca de transformaciones al actual modelo de pensiones? ¿Qué alternativa defenderán bajo tu conducción?

Tenemos una carga histórica en la lucha contra las AFP y en la defensa de un sistema de previsión social capaz de absorber las necesidades de quienes terminan su vida laboral, y por tanto requieren cierto nivel de ingresos garantizados. Tucapel Jiménez fue un fuerte opositor a la imposición de las AFP en su momento, y su asesinato en dictadura se da en ese contexto. Hemos sido insistentes en plantear que estamos por el término del modelo, por la construcción de un sistema público de seguridad social, estatal en su administración, con el reparto como uno de sus pilares fundamentales, que permita garantizar pensiones dignas a los trabajadores. Aunque esto pueda parecer una declaración general, no lo es, ya que lo que está en discusión es quién es el actor que debe asumir ese rol, hay una tensión entre la continuidad de un sistema administrado por entidades privadas con fines de lucro y el que el Estado cumpla un papel fundamental en la seguridad social.

Es una tarea de gran envergadura, quizá la mayor en cuanto a superación de los legados de la dictadura que los poderes fácticos, económicos y políticos han logrado sostener inamovibles en la Constitución pinochetista. Se trata de uno de los pilares del modelo de acumulación de capital impuesto en el país, que beneficia a un segmento muy minoritario de la población. Por eso se requiere aunar a todas las fuerzas que tienen la convicción de que es un cambio necesario y urgente, y de ahí que la Anef fuera parte de los impulsores y convocantes de los procesos de movilización. Es una buena noticia que se haya logrado movilizar a millones a lo largo del país, más allá de que sea un universo que aún no consolida una propuesta única. Tenemos la convicción que es una tarea de movimiento social, donde el movimiento sindical es una llave fundamental. Se requiere una transformación estructural, no basta con una AFP estatal, eso no resuelve los problemas de fondo.

¿Será fundamental la unidad del movimiento sindical y de la Anef en este periodo, luego de unas elecciones algo tensas?

Toda elección genera un debate que distingue posiciones entre quienes se postulan. Me parece que las ventajas de la Agrupación son que, primero, contamos con un directorio que en esta ocasión de las siete listas que participaron está integrado por seis de ellas, y por tanto existe un espacio de resolución institucional para construir visiones comunes; y, segundo, que tenemos una tradición de debate democrático con las organizaciones afiliadas, que mandata el ejercicio del directorio.

Habrá discusión, pero tengo convicción en nuestra capacidad de asumir estos desafíos de forma unitaria, sobre todo porque esas plataformas responden a las necesidades sentidas de los trabajadores que representamos. Pueden haber diferencias respecto al cómo hacer, pero en cuanto al qué hacer hay gran coincidencia.

A propósito de la última negociación por el reajuste se evidenció la existencia de algunos mitos  extendidos en la ciudadanía sobre los funcionarios públicos, como que todos reciben altos salarios y beneficios. ¿Cómo se pueden revertir esos prejuicios?

Se ha vuelto una práctica habitual que en el momento de la negociación general se gatillen campañas comunicacionales para desestabilizar la posición de los trabajadores del Estado. Pero lo cierto es que cuando se revisan los datos, los “estudios” que tratan de justificar ese tipo de afirmaciones dejan bastante que desear en su seriedad, y queda claro que son instrumentos de definición política que buscan generar efecto en la opinión pública. Me parece que los procesos debemos darlos de cara a la ciudadanía, para explicar cosas que muchas veces no se alcanzan a ver, en el sentido que esas negociaciones, si bien tienen componentes vinculados a temas de los funcionarios del Estado, en la mayoría de los casos también incluyen elementos que tienen que ver con la visión sindical de cómo entregar un mejor servicio a la ciudadanía. Eso se invisibiliza porque, claro, la cifra del reajuste es lo más vistoso, aunque se presenta un pliego con puntos mucho más amplios.

Hace falta que el mundo de verdad académico, no los centros de estudio financiados y dirigidos por intereses particulares, se haga cargo de estas materias. Hoy existen niveles de información pública que permiten desarrollar un esfuerzo en esa dirección. Esa tarea se vincula con la reforma en Educación Superior: esa transformación debe incluir que las universidades estatales generen un conocimiento al servicio del país y del debate público acerca del nuevo modelo de desarrollo que Chile necesita.

“Espero que el gobierno modifique su conducta frente al sector público”

¿Qué análisis hace del actuar del ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, en la negociación de reajuste?

El abordaje que hizo el gobierno en general, y en particular el ministro de Hacienda, de la negociación de reajuste tuvo como consecuencia, primero, el despliegue de un conflicto de larga duración. Me parece que si se tuviera que hacer una evaluación sencilla acerca del proceso, efectivamente el ministro logró aprobar la cifra que él había definido desde el inicio, pero a costa de reiteradas derrotas parciales y una profunda derrota política del gobierno de la Presidenta Bachelet. Entonces, claro, para los que miran el mundo con una calculadora fue todo un éxito, sin embargo para quienes visualizamos el Estado como un aparataje más complejo, donde las organizaciones sindicales cumplen un rol fundamental y donde los trabajadores son el motor central, se generó un quiebre con el Ministerio de Hacienda, y una crítica muy profunda por la forma en que el gobierno llevó el proceso.

También creo que pasados un par de meses, se pueden adicionar algunos datos que dan cuenta de que finalmente la preocupación del ministro de Hacienda no era únicamente, como él declaraba, mantener un ajuste de la caja fiscal, sino que se encargó de entregar una señal al mundo privado de un comportamiento ante las aspiraciones del movimiento sindical en general, que hoy día sus efectos se pueden ver en distintos lugares y que es de absoluta contradicción con los compromisos programáticos del gobierno. Ahí esta, en mi opinión, la nota más preocupante del resultado de la negociación. Además los números no sustentan ese objetivo, porque es bien llamativo después escuchar al mismo ministro que sentado frente a los trabajadores lloraba penurias por lo terrible de la situación económica del país, yendo a los foros de los empresarios a contarles de las enormes potencialidades que hay por delante. Es evidente que hay un discurso selectivo respecto de para quiénes está construido y a quiénes beneficia.

¿Y en que pie queda el gobierno y el ministro de cara a la próxima negociación?

La tarea que se viene es ardua. Espero sinceramente que el gobierno haya tomado lecciones del conflicto que vivimos, que modifique su conducta frente a las organizaciones sindicales del sector público, porque si la tónica va seguir siendo la que se expresó durante el reajuste no cabe duda que el 2017 va ser de alta conflictividad.

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