NECESIDAD DE COHERENCIA
Es Chile hoy escenario de una doble confrontación. De una parte, luchan el hombre y la naturaleza en el drama de los 33 trabajadores atrapados en una mina en el norte del país. Es claro que la naturaleza no puede ser calificada de “enemiga”, pues simplemente se comporta de acuerdo a sus propias leyes. En realidad, se trataría más bien de una lucha entre hombres de trabajo y empresarios sin otra moral que la dudosa que surge de sus desmedidos afanes de lucro. Y también forma parte de ese “conflicto”, la sociedad toda y el Estado, a los que corresponde velar e imponer el derecho al trabajo conjugado con el derecho a la vida. Hay allí una gran falencia, una irresponsabilidad culposa que no se puede eludir ni aun en medio de las urgencias del rescate.
La otra confrontación es igualmente entre seres humanos, habitantes del territorio nacional. Se tata de una larga treintena de comuneros mapuches, que libran una huelga de hambre en demanda de derechos ancestrales y que se encuentran en prisión sometidos a la ignominia de una Ley Antiterrorista y sujetos a la incongruencia de una doble “justicia” que los juzga por los mismos “delitos”.
Curioso, por decir lo menos, estos “terroristas” no han matado a nadie. Al contrario de ello, en esta “guerra” las únicas víctimas fatales están en sus filas, sus hogares y familias.
Ante la tragedia del norte, el gobierno de Piñera despliega todos sus recursos, se involucra desde el propio presidente y se apela a la solidaridad de, literalmente, todo el mundo.
Ante la tragedia del sur, se cierra los oídos a las demandas, también literalmente, de todo el mundo y nada se hace para iniciar los caminos de solución.
Propone el ministro del Interior, en nombre del gobierno, una reforma que involucraría cambios en los fueros de la Justicia Militar y a la Ley Antiterrorista. Poco sabemos hasta hoy de los contenidos de las propuestas del Ejecutivo. Bien puede decirse que son bienvenidos todos los pasos que conduzcan a rectificar en estos terrenos. Pero hay algunas dudas que ellos mismos, los actores de La Moneda, van sembrando en el camino.
Por estos días se hace público el caso de un integrante del cuerpo de Carabineros que protagoniza un episodio en medio de una manifestación de trabajadores del sector público. La noticia ha recorrido el mundo, tiene su espacio en esta edición de nuestro semanario, y presenta relieves de la mayor gravedad.
Siempre se ha sospechado a servicios de gobierno de “influir” en las actividades y manifestaciones de trabajadores y sectores opositores mediante el recurso de la “infiltración”. La técnica es bien conocida: un agente del Estado se sumerge en una masa de estudiantes, de trabajadores, de manifestantes por los derechos humanos, etc., etc., y sobresale por su entusiasmo, su valentía, audacia e intransigencia. Es el caso de ese funcionario al que los manifestantes creyeron proteger cuando efectivos policiales intentaban detenerlo, pro que en realidad estaba siendo “rescatado” por sus pares. Lo que ocurre sólo en contados casos ocurrió esta vez: se le quedaron las marcas: identificación, instrumentos de su oficio.
¿Es digno de fe un gobierno que aplica “Ley Antiterrorista” contra una parte de los habitantes del país, mientras utiliza el expediente de la provocación vía infiltrados en manifestaciones ciudadanas?
¿Son éstos los instrumentos y modos de luchar contra el terrorismo y tendremos nuevas pruebas de ello en los días que vienen, cuando el pueblo ocupe legítimamente las calles y plazas de Chile para rendir homenaje a Salvador Allende y a todos los caídos el 11 de septiembre de 1973 y los años posteriores?
Mineros del norte, mapuches del sur trabajadores fiscales, son todos chilenos. Un trato igual, acorde a los métodos y normas de un Estado de Derecho es un imperativo ético y legal.
Más coherencia, señores, por favor.
El Director
